Argentina: El puño alto de la soberanía

De nuevo desde el Norte rico se pretende ignorar la prerrogativa soberana de un país del Sur a ejercer    la explotación de los recursos naturales  existentes en su territorio

De nuevo desde el Norte rico y desarrollado    se pretende ignorar la prerrogativa    soberana de un país del Sur a ejercer    la explotación de los recursos naturales existentes en su territorio e impedirle    arbitrariamente la práctica de un derecho reconocido a todos los Estados en el    marco de las Naciones Unidas.    

Tal es el propósito oculto tras la    campaña política y mediática internacional    iniciada por el Gobierno de    España contra Argentina, a partir de    la libérrima decisión adoptada por el    Ejecutivo de Cristina Fernández dirigida    a la expropiación del 51 % de las    acciones de la empresa Yacimientos    Petrolíferos Fiscales (YPF), subsidiaria    de la compañía española Repsol,    que opera en el país austral.    

En el contexto de la implementación    del modelo neoliberal en Argentina,    y bajo el supuesto objetivo de resolver    el autoabastecimiento de hidrocarburos,    la estatal YPF —principal empresa    petrolera del país— fue privatizada en    1992 y posteriormente desnacionalizada,    en una acción que permitió a la    trasnacional española Repsol apropiarse    de la casi totalidad de sus acciones en    el año 1999.    

Pero a pesar de haber transcurrido    más de una década desde la desestatización    y entrega a la explotación foránea    de los yacimientos que posee, el país    carece de seguridad energética porque    todavía no se autoabastece de hidrocarburos.    Ha tenido que importarlos    de forma creciente, al extremo de tener    que destinar a esos fines la elevada cifra    de más de 9 mil millones de dólares    de su presupuesto en el 2011.    

El actual déficit energético argentino    está estrechamente asociado    a las políticas predatorias desarrolladas    por YPF-Repsol a lo largo de los    últimas diez años y no a otras causas,    según afirma el Gobierno en la detallada    documentación que presentó al    Congreso. Esta precisa, entre otros,    que la compañía es responsable del    54 % de la caída de la producción    de petróleo y del 97 % de la baja en    la de gas, al no realizar la requerida    reinversión parcial que corresponde    a los altos dividendos derivados de    su estrategia económico-financiera.    Contrariamente distribuyó entre sus    accionistas más del 85 % de los 16 mil    600 millones de dólares obtenidos en    ganancias hasta el 2010.    

Sin abundar en referencias a la    legitimidad de la expropiación y al    respaldo recibido por la Presidenta,    desde numerosos países e instituciones    hasta prestigiosas personalidades,    nacionales e internacionales,    baste apuntar que incluso el ahora    senador Carlos Ménem, que durante    su administración ordenó privatizar    YPF, anticipó que votará en el Congreso    por la expropiación.    

“No tengo nada contra los españoles,    pero Repsol no invirtió nada en    el país. El error de Repsol era que no    invertía en Argentina. Sacó todas las    ganancias fuera”, declaró a la prensa    el exmandatario.    

Un despacho de la agencia estadounidense    Associated Press, del    pasado viernes, que da cuenta de un    acuerdo del Parlamento Europeo    donde se condena a Buenos Aires y a    la vez se exige de la Unión Europea la    aplicación de sanciones contra la nación    sudamericana, deja en claro los    propósitos adicionales de la campaña    contra Argentina.    

El Europarlamento reclama las    medidas, según afirma la propia AP,    “como una forma de castigar a cualquier    país que pretenda nacionalizar    los activos de una empresa europea”,    lo cual evidencia además la hipocresía    de los legisladores de la Unión, cuando    alegan el pretexto de que la expropiación    constituye “un ataque contra    el ejercicio de la libre empresa y del    principio de seguridad jurídica”.    

Los europarlamentarios saben    igualmente que no disponen del necesario    respaldo jurídico internacional,    pues la resolución del órgano legislativo,    según AP, también pide “explorar    medidas para proteger mejor los intereses    de la Unión Europea en el futuro”.    

Se espera que el proyecto de ley    expropiatoria sea aprobado en el Senado    el próximo miércoles y enviado    a la Cámara de Diputados. Lo apoyan    la mayor parte de los congresistas, incluidos    los pertenecientes a partidos    de la oposición, y lo más importante,    cuenta con el respaldo mayoritario    del pueblo argentino.