Cuando votan los fusiles

La situación de caos prevaleciente en    la República de Mali, que desde el 22    de marzo pasado cuenta con un nuevo    Gobierno surgido tras otro de los tantos    golpes de Estado en esta nación de    África occidental, no avizora una pronta    vuelta a la normalidad y sí mayores    dificultades para el logro de su estabilidad    política, la reconciliación nacional    y la mejoría de las precarias condiciones    económicas de una población de 13    millones de habitantes.    

La asonada castrense que derrocó    y obligó a renunciar al presidente    electo, el exgeneral Amadou Toumani    Toure, sustituido ahora por Dioncunda    Traeré, titular del Parlamento de    Mali, designado provisionalmente al    frente de la nación por la junta golpista,    ha generado mayores pugnas y    enfrentamientos entre sectores políticos    rivales y las fuerzas separatistas.    

Tanto Naciones Unidas, la Unión  Africana (UA), la Comunidad Económica    de Estados del África Occidental    (CEDEAO), Argelia, la Unión    Europea (UE) y Estados Unidos han    condenado el golpe y pronunciado por el retorno a la normalidad.

Una de las más severas consecuencias    de la quiebra del orden institucional    y que ha puesto en peligro    la integridad territorial de Mali, es    la proclamación unilateral del denominado    Estado independiente de    Azawad, en el norte del país, realizada    por el Movimiento Nacional de    Liberación de Azawad, integrado por    la etnia tuareg, de confesión musulmana,    que controla las ciudades de    Nidal, Gao y Tombuctú, las principales    de esa región norteña, preterida    durante muchos años en sus niveles    de desarrollo político, social y económico,    lo que ha engendrado la marginalidad    y grandes frustraciones entre    sus pobladores.    

El anuncio de la independencia de    Azawad, que limita con Mauritania,    Argelia, Níger y Burkina Faso, concitó    de inmediato el enérgico rechazo de la    CEDEAO y la UA por considerarlo nulo    y carente de todo valor.    

Desde un inicio ambas organizaciones    devinieron principales gestoras    de una solución pacífica y negociada    al conflicto, aunque dispuestas al uso    de fuerzas militares para proteger a la    población civil de los enfrentamientos    armados, evitar el desmembramiento    del país y preservar su integridad territorial.    

A tales efectos, la CEDEAO acordó    el envío de un contingente internacional    de 3 mil soldados a Mali en un intento    por controlar a los insurgentes musulmanes    en el norte de la nación, y solicitar    además, a cada uno de los países    miembros de la organización regional    aprobar la iniciativa en previsión del    fracaso de las negociaciones sostenidas    entre las partes en conflicto y una comitiva    encabezada por el presidente de    Burkina Faso, Blaise Campaore, quien    fue designado como mediador tras el    golpe de Estado.    

El arreglo entre los militares y el    organismo africano establece el retorno    al orden constitucional si son    levantadas las sanciones políticas,    económicas y diplomáticas impuestas    por el grupo regional y estipula, asimismo    decretar el perdón a los participantes    en el levantamiento armado.    

En este escenario, unas veces de    manera pública y otras tras bambalinas,    actúan las potencias imperialistas,    que como Estados Unidos y Francia,    tratan de “arrimar la sardina a    la brasa” y esgrimen los argumentos    de la necesidad de velar por el respeto    a los derechos humanos, la lucha    contra el terrorismo internacional y    el supuesto peligro que supone para    la convulsa región la presencia de Al    Qaeda.    

No obstante, estas “preocupaciones”    no logran ocultar sus verdaderos    intereses geopolíticos y estratégicos,    que van de la mano con la avidez por    los yacimientos de petróleo, oro, diamantes,    uranio y los vastos recursos    hídricos que posee Mali, a pesar de    ser considerado el séptimo país más    empobrecido de África.    

La incertidumbre sobre una pronta    vuelta a la normalidad dadas las    contradicciones antagónicas entre los    golpistas y sectores leales al derrocado    Gobierno de Toure y los separatistas    tuareg e islamistas, vislumbra un    panorama poco proclive a un arreglo    que ponga fin al autotitulado Estado    Azawad y encauce por vías pacíficas    y democráticas el rumbo de la nación    sumida en la anarquía.    

Mientras, la opción del voto de los    fusiles ha ocasionado ya decenas de    muertos y 200 mil refugiados.