¿Un acertijo indescifrable?
En la nororiental provincia de Las Tunas los especialistas no se aventuran a calcular objetivamente cuánto ganan o pierden los productores y la economía nacional en el proceso de comercialización de la leche.
La tesis se sustenta en indagaciones que hurgaron en el polémico asunto tras conocer los obstáculos que enfrenta la medición de la calidad de ese alimento, devenida piedra angular en las relaciones de compraventa.
Así lo establece la Resolución 412, del Ministerio de Economía y Planificación, que entró en vigor en enero del presente año, cuyo texto regula la realización de dos pruebas como mínimo mensualmente a muestras del producto a cada uno los vendedores como requerimiento para el pago que conjuga calidad y precio.
Resolución a la deriva
Parecía la solución definitiva a los nudos que frenan la recolección de mayores volúmenes y sus ventas a la industria o de forma directa a la población incluida en estos beneficios, unos de los propósitos de la 412; pero, desde su promulgación este cuerpo legal ha requerido la emisión de dos complementarias.
La primera en marzo, la cual autorizaba –por única vez- las retribuciones correspondientes a enero y febrero teniendo en cuenta la última prueba, que pudo haberse hecho en octubre, noviembre o diciembre del año pasado, lo que denota poca objetividad.
En abril apareció la segunda, esta autorizaba, con aval previo del vicepresidente del Consejo de Administración Provincial que atiende la esfera de Consumo y Servicios, el pago a los proveedores a quienes no se les pueda realizar las comprobaciones. Sin comentarios.
Razones de la zozobra
¿Las causas?, las valora Juan Guerra, presidente de la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP) en Las Tunas, cuyos afiliados aportan más del 83% del consumo normado en este territorio.
“Faltan las tecnologías y los medios que garanticen la preservación de temperatura en el traslado a los laboratorios, donde se realizan las evaluaciones de las muestras, estos últimos tampoco son suficientes. En la provincia hay seis: municipios Las Tunas (dos), Manatí (uno) e igual cantidad en Amancio, Colombia y Puerto Padre. Majibacoa, uno de los que más acopia no dispone de ninguno como Jesús Menéndez y Jobabo.”
Con la 412 no se han satisfecho las expectativas y vemos las razones en la carencia de estudios que recurran a métodos científicos para comprobar y validar la viabilidad de leyes, resoluciones… que al prescindir de estas herramientas generalmente deambulan sin éxitos en el entramado social cubano.
Porque esa Resolución responsabiliza al Grupo Empresarial de Comercio con las comprobaciones desconociendo que en zonas como Las Tunas carecen de laboratorios, instrumentales y personal especializado para materializarlas, como reconoció Miguel Páez Rodríguez, director del Grupo en esa provincia oriental.
¿Beneficiados o afectados?
Dos presidentes de la ANAP en municipios tuneros abundan: Miguel Zaragoza, de Manatí, no oculta las inconformidades de sus asociados y como suyas las expone: “Hasta el cierre de abril el plan de entrega de leche solo alcanzó el 89%, y en ese incumplimiento tiene mucho que ver el disgusto de los productores por las pruebas que a veces no les hacen y se les paga el litro a 0,35 centavos, de un precio de 2,42 que es el promedio aquí.”
“En Manatí, asegura Miguel, existe un laboratorio oficial de la Agricultura que reúne las condiciones para realizar las dos pruebas establecidas mensualmente al ciento por ciento de las muestras, pero nada más las hace a las destinadas a la venta directa; el resto lo asume un laboratorio portátil que mide únicamente la densidad, la mastitis y la acidez. Esta misma Resolución dice que antes de las 72 horas hay que informar los resultados del análisis al productor y se están enterando cuando van a cobrar.”
El otro es Roberto Medrano, de Amancio, quien reflexiona: “No existen condiciones para el muestreo. Lo hacen en cubetas alternativas –así les llaman- con bolas de hielos a su alrededor que no garantizan la conservación de la muestra. En muchas ocasiones la mastitis que se detecta ya se distribuyó y no se da a conocer.”
Ambos coinciden en que se ha perdido la rutina del ordeño: lavar con detergente los cubos, cántaras y otros utensilios, amarrar la cola de la vaca, lavar la ubre…: “Y ni hablar de las condiciones higiénicas de las salas de ordeño, exigen piso de cemento, pero dónde buscarlo si no los venden en las tiendas habilitadas para apoyar estos trabajos. En los puntos de materiales de la construcción solo se asigna cemento para las viviendas”, critican.
Soluciones en tiempo real
Pese a las limitaciones económicas, el país ha ido buscando soluciones que pretenden minimizar las carencias de tecnologías e insumos, y como ejemplo está el sector cooperativo y campesino en Las Tunas que cuenta con 12 emplazamientos de 23 recipientes cada uno para el enfriamiento de la leche, pero de estas cuatro baterías no están funcionando por problemas técnicos.
Esos esfuerzos estatales necesitan como complemento alternativas locales. Juan Guerra, presidente de la ANAP en Las Tunas, considera pertinente usar otros laboratorios existentes en esta región, “los hay en los centrales azucareros, la Industria Alimentaria y en diferentes sectores, pero no pueden ofrecer esos servicios porque no los tienen en su objeto social, esas prestaciones pueden convertirse en fuente de ingreso de los centros y contribuiría, en parte, a enfrentar estos problemas.”
Por su parte, Mayra Rodríguez Rojas, jefa de Departamento de Normalización, Metrología y Control de la Calidad en la empresa láctea tunera argumenta:
“Lo ideal fuera que se pagara por los indicadores de calidad con que la leche llega al andén de la industria; sin embargo, no pasa así y los productores tienen posibilidades de prepararse para esos muestreos quincenales, aunque está establecido su carácter sorpresivo.”
Lo cierto es que no se puede seguir calculando la calidad de la leche a ojos de buen cubero, no solo porque viola lo normado en la Resolución 412, pese a carecer de las condiciones factibles para su cumplimiento; sino porque es una amenaza a las finanzas del país y de los productores, sin descuidar los peligros sobre la salud del consumidor.
