Callos en el alma
Era tan solo una recién nacida cuando sus padres biológicos, Hilda Torres y Roque Montenegro, fueron detenidos y luego torturados, asesinados y desaparecidos por los cuerpos represivos. Conducida primero junto a ellos hasta el centro policiaco, fue después dada en adopción al matrimonio con el que vivió hasta la edad adulta. El nuevo “padre” era Herman Tetzlaff, un coronel del Ejército involucrado en el operativo que llevó a sus progenitores hacia la muerte.
Esta historia es parte del drama que conmociona la vida de Victoria, como eligieron bautizarle quienes la trajeron a este mundo o de María Sol, nombre escogido por las personas que la criaron, “mis apropiadores”, como ella los llama.
María Sol tiene clavado un conflicto entre la razón y los sentimientos hacia quienes creía sus padres. Por eso los defendió ante los tribunales cuando fueron acusados por apropiación ilegal. “Nunca pude dejar de quererlos”, dice al referirse a ellos.
No obstante esos sentimientos, también afirma: “Pero más allá del aprecio que puedes tener por las personas que te criaron, no es un acto de amor robar un bebé y esconderlo; es arrebatarte lo básico, que es tu identidad”.
El de Victoria Montenegro Torres es uno de los 35 casos ventilados en el juicio concluido a inicios de este mes en Buenos Aires por el aberrante robo de bebés, plagio autorizado de manera sistemática desde las más altas instancias gubernamentales de la República Argentina entre los años 1976 y 1983, cuando en ese país imperó una dictadura militar que dejó 30 mil personas asesinadas o desaparecidas.
Clara Anahí Mariani es otro ejemplo de bebé robado. Tenía solamente tres meses cuando una noche agentes represivos allanaron su casa, asesinaron a su madre y a otros militantes de izquierda, y se la llevaron. Su abuela, María Isabel Chorobik de Mariani, tejía por entonces un suéter para ella.
Esta anciana relata las veces en que tuvo esperanzas, luego frustradas. Cita su momento de mayor ilusión, cuando apareció una chica que tenía el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento; pero los análisis no confirmaron la identidad de su nieta. “Después —dice María Isabel— fui haciendo callos en el alma”.
Como resultado del proceso penal fueron condenados a penas de privación de libertad dos exdictadores: Jorge Rafael Videla, a 50 años, y Reynaldo Bignone, a 15. El tribunal los encontró culpables de haber encabezado, cada cual en su momento, el robo de niños.
Otras siete personas, casi todas antiguos miembros de los órganos de seguridad y de las fuerzas armadas, fueron también sancionadas a diferentes penas, en correspondencia con su grado de participación en los hechos por los que fueron juzgados.
Pero no son solamente estos 35 niños los arrebatados a sus padres. Abuelas de Plaza de Mayo, emblemática organización humanitaria que durante décadas se ha dedicado a reclamar justicia y a localizar e identificar a los menores victimizados, estima en más de 500 su número, de los cuales solo 105 han recuperado la identidad originaria.
El monstruoso robo “institucionalizado” de los bebés, secuestrados tras el asesinato de sus padres o al ser separados de sus madres luego de nacer en cárceles clandestinas, y dados posteriormente en ilegal adopción a represores y otros incondicionales de la dictadura militar, es uno de los sucesos que mayor conmoción ha causado durante años en la Argentina, y también fuera de ese país.
La sanción es calificada de histórica, porque se aplica la justicia por primera vez tras muchos años de infructuosos intentos. Ha sido acogida con generalizada satisfacción por la sociedad argentina, que de diversos modos reconoce el empeño puesto en esa dirección, entre otros, por la actual mandataria Cristina Fernández y por su antecesor en el cargo, Néstor Kirchner.
El precedente sentado por la condena contribuirá a que se haga justicia, también, en otros procesos abiertos por similar motivo y aún pendientes en los tribunales de la nación suramericana.
