El mandato de la muerte

Mientras enfrenta 142 cargos de asesinato, James Holmes disfruta de una inusitada popularidad en las redes sociales, donde cientos de mujeres mostraron sus simpatías por  el ejecutor de la más reciente matanza  en una sala cinematográfica de la  capital de Colorado, donde asesinó a una docena de espectadores e hirió a otros 58.  

Aunque en el montañoso estado  norteamericano no se aplica la pena de muerte desde 1976, la fiscalía del territorio tiene derecho a solicitarla por la gravedad de un delito que  sacudió las bases políticas y éticas de la nación con mayor cantidad de    asesinatos del planeta, más de la mitad de ellos mediante el uso de armas de fuego.    

Según datos estadísticos del Buró  Federal de Investigaciones (FBI), en los hogares estadounidenses el número  de revólveres, pistolas y fusiles de varias marcas, calibres y cadencia de disparo ronda los 300 millones, lo que equivale a casi un arma por cada habitante de todas las edades. En el plano territorial, los estados del centro y del sur sobresalen por el alto índice de propietarios de estas, quienes constituyen las dos terceras partes de la población adulta.    

De acuerdo con reportes de la  Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas  de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), entre 1994, año en que la Ley Brady trató de frenar el comercio de los mortíferos artefactos,  y el 2011 se vendieron 88 millones de unidades, con énfasis en fusiles semiautomáticos, muchos de los cuales son modificados para devolverles sus propiedades combativas.    

Sin embargo, los resultados globales marcan un descenso en el total de homicidios con relación a la década anterior, estudios elaborados por la Organización de Naciones Unidas confieren a Estados Unidos el primer lugar en muertes violentas, incluso triplica a naciones como Suiza, donde una población de poco más de 8    millones, almacena cerca de millón y medio de armas.    

Derecho a matar    

La tenencia privada de armas es una de las más antiguas contradicciones legales en la historia de Estados Unidos, cuyos orígenes se remontan a los denominados Minuteman, integrantes de milicias locales —formadas por descendientes de    europeos o mercenarios— encargadas de asegurar el despojo de tierras a los    aborígenes y resguardar las fronteras de la dominación británica contra    las incursiones de otras potencias coloniales.    

Iniciada la rebelión independentista de 1776, buena parte de estas tropas irregulares constituyeron el denominado Ejército Continental, desintegrado en 1783, cuando el futuro cuerpo armado de la nueva nación quedó reducido a 80 hombres  como resultado de las condiciones  impuestas por la corona inglesa en    el Tratado de París, pero el derecho  a portar armas mantuvo su vigencia al ser ratificado por los cuerpos legislativos  de las antiguas colonias y refrendado por la Segunda Enmienda Constitucional desde 1791.    

A lo largo de más de 200 años varias iniciativas legales han intentado modificar la bicentenaria disposición, pero han encontrado la oposición de los grupos de poder, quienes fuera de contexto repiten el  llamado insurreccional de Thomas Jefferson: “A ningún hombre librw  le será prohibido el uso de las armas”, como si estuvieran en el siglo  XVIII. Ante cada posible variación  del postulado original, la Corte Suprema  ha reiterado reconocimientos  “al derecho a poseer un arma  con fines legítimos”, argumento que  descansa en los invariables preceptos coloniales.    

Tímidas reformas, como la Ley de Armas de Fuego de 1934, impuesta por el Gobierno de Franklin Delano Rooselvelt para frenar el auge mafioso heredado del contrabando de alcohol o la Ley de Regulación de la venta, surgida tras los asesinatos del candidato presidencial Robert F. Kennedy y el luchador por los derechos civiles Martin Luther King en 1968, tuvieron que atemperar sus aspiraciones humanitarias ante una tradición de cañones humeantes.    

Más recientemente la Ley Mc Clure- Volkmer de 1986 consiguió algunas    restricciones, pero a cambio privó a la  ATF de varias facultades concedidas por legislaciones anteriores. Mientras en 1994, la Ley Brady, nombrada así en honor al secretario de prensa de Ronald Reagan, herido en la cabeza en 1980, cuando John Hinckley atentó contra la vida del entonces mandatario, impuso que cada venta estuviera antecedida por la investigación del comprador, decisión burlada por transacciones entre individuos y las ventas en las tradicionales ferias organizadas    por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), cuyos voceros reclaman la tenencia privada de armas como “una libertad humana básica”.    

Bajo estos preceptos, James Holmes adquirió, de forma legal y por costo inferior a los 5 mil dólares, el arsenal empleado en una matanza condenada por todos, menos por las viejas leyes estadounidenses que protegen la libertad de matar.    

Nadie está seguro    

Pese a que las estadísticas oficiales anuncian un decrecimiento de los asesinatos con armas de fuego,  cerca de 12 mil personas perdieron la vida a causa de disparos intencionales o accidentales, cantidad que casi triplica la cifra de soldados  muertos en Irak en el primer lustro  de ocupación, demostración de que Estados Unidos vive una versión de guerra civil no declarada, en la que resulta imposible definir los bandos contendientes y las razones de una violencia generalizada.    

En un país donde los atentados han alcanzado a ocho presidentes  —cuatro de ellos mortales—, senadores y representantes, la seguridad resulta dudosa y abre espacio a las más variadas teorías conspirativas.    

Después que en enero del pasado año la representante por el octavo distrito de Arizona, Gabrielle Giffords recibiera un disparo en la cabeza durante un mitin electoral  en el que murieron seis personas y 14 resultaron heridas, su ejecutor    Jared Lee Loughner, un desempleado hijo de un guardaparque, mereció la defensa de una prestigiosa abogada, capaz con sus iniciativas de mantener al único acusado detenido  sin cargos ni sentencias, ya que las evaluaciones psiquiátricas    determinaron que “está gravemente  enfermo” e incapaz de comprender  el proceso en su contra.   

¿Quién va a parar los disparos? Pese a que el presidente Barack  Obama trató de aumentar su menguada popularidad con una rápida visita a las víctimas del ataque de Holmes, son pocas sus posibilidades para un futuro abordaje del tema de    reducción de armas durante la campaña  electoral. Hacerlo presupone desafiar a la poderosa NRA y los que lo han hecho no han durado en el cargo para contarlo.    

Después de 36 años en el Senado, el legislador republicano por Indiana,  Richard Lugar, intentó modificar  su postura sobre la tenencia indiscriminada  de armas, pero la NRA no pudo soportar semejante herejía y financió con todos sus recursos la campaña del tesorero del gobierno estatal, Richard Mourdock, quien lo venció en las primarias partidistas, algo casi insólito y que no ocurría en la escena política norteamericana desde hace seis décadas.    

Dos años antes los mayores defensores del derecho a portar armas apuntalaron la candidatura del republicano Scout Walter a la gobernación del estado de Wisconsin, con el compromiso de ley que perpetuara la vigencia de la controvertida Segunda    Enmienda Constitucional.    

Hace cuatro meses, cuando aún  luchaba por la nominación republicana, Mitt Romney acudió a la ciudad de San Luis para inclinarse ante la alta jerarquía de la NRA, organización a la que pertenece desde el 2006, temeroso de que le recordaran su pasado,  cuando apoyó la Ley Brady en 1994 durante su campaña por conseguir un asiento en el Senado.    

Por eso mientras en un centro penitenciario de Colorado James Holmes pudiera enfrentar en un futuro próximo más de una condena a muerte —si  antes no lo declaran loco—, todo parece indicar que las balas seguirán marcando su macabra sentencia, en un lugar donde el sueño de ayer puede ser la pesadilla de mañana.